Condenado pero no preso

Jimena padeció violencia de género durante 15 años. En 2015 decidió finalmente irse de su casa con sus niños, terminó recluida en la casa de sus padres y con terror a salir a la calle porque el agresor sigue amenazándola de muerte.

Idas y vueltas en tribunales advirtiéndole a jueces y fiscales que su agresor llegó a aplicarle picana eléctrica sobre el cuerpo de tres de sus cuatro hijos. La última advertencia fue la visita de dos matones que le gatillaron varias veces en la cabeza para amedrentarla.

“Hacer una denuncia de violencia de género es firmar un acta de defunción, es condenarte a muerte”, sostiene frente a la prensa. “Tengo botón de pánico y custodia policial. No estoy sola pero por más voluntad que tenga el sistema, funciona mal. Está en acción pero no se pueden obtener pruebas para darme una respuesta inmediata. Yo vivo un arresto domiciliario”.

Cristian M. fue condenado en primera instancia, en diciembre del año pasado, a 5 años de prisión efectiva. La fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Teresa Granato, solicitó la prisión preventiva, pero el juez de la causa la negó. Hoy está prófugo.

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