ESCÁNDALO CON PRECEDENTES

Una denuncia penal desnuda una trama oscura que vincula directamente a los casos más resonantes de narcotráfico de Santa Fe con el encubrimiento del asesinato y desaparición de un pibe a manos de la policía provincial.

El gobierno de Miguel Lifschitz y por una decisión política del Ministerio de Seguridad a cargo de Maximiliano Pullaro, pagó con fondos públicos los servicios profesionales de un abogado que defendió a policías acusados de encubrir el asesinato y desaparición forzosa de Franco Casco. Pero ésta es sólo la punta de un Iceberg que deja al desnudo una situación sombría y tenebrosa.

José Manuel Alcácer fue el abogado que defendió a los policías acusados de encubrir el asesinato. Había sido funcionario provincial en el momento en que secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron el cuerpo de Franco Casco. No era un funcionario cualquiera. Su rol: Controlar e investigar los hechos de violencia policial.

Recapitulando: El funcionario que había nombrado el, por entonces, gobernador Antonio Bonfatti para investigar los abusos policiales en el momento que asesinaron a Casco, terminó siendo el abogado defensor de los policías acusados de encubrir el hecho. Y sus honorarios profesionales fueron pagados con Fondos Reservados del Ministerio de Seguridad cuando el gobernador era Miguel Lifschitz. 

Este hecho ilegal fue denunciado por el actual ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en una causa que ya investiga la justicia de Santa Fe. Aunque todo esto ya es en si mismo un escándalo institucional sin precedentes, es sólo una anécdota más dentro de la trama de la historia que hoy te vas a enterar.

José Manuel Alcácer y Lucas Peirone tienen muchas cosas en común. Los dos son abogados y comparten estudio jurídico. Abogados, amigos y socios tienen en común un curriculum difícil de igualar: Los dos fueron funcionarios provinciales del Frente Progresista y defensores de los narcos más emblemáticos de Santa Fe.

Antonio Bonfatti y su ministro de Seguridad Raúl Lamberto encumbraron a José Alcácer en el área más sensible del control policial de la provincia. El 14 de julio de 2014 fue nombrado asesor de la secretaría de control del Ministerio de Seguridad. Su tarea era “prevenir y combatir las actividades ilegales cometidas por personal policial», colaborar con la «justicia cuando se incrimine a personal policial”, “investigar los delitos cometidos por personal policial» y “realizar acciones de prevención contra la brutalidad y el acoso policial».

Funcionario de día, defensor de narcos de noche

Pero el flamante funcionario provincial tenía una actividad paralela. Además de ser asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, José Manuel Alcacer, fue abogado defensor del Gabriel Zilli, médico oncólogo de la ciudad de Rosario, que fuera detenido, imputado y condenado en la causa penal denominada “NARCO ARROZ”. Zilli fue la pata local del cartel más peligroso de Colombia, Norte del Valle, en una venta encubierta de cocaína, camuflada dentro de granos de arroz que debían llegar al continente africano en el marco de un programa de la ONU llamado «Hambre Cero»

Si, aunque no lo puedas creer, un funcionario del ministerio de Seguridad de Antonio Bonfatti, que tenía acceso a información ultra sensible, fue el abogado de la pata local del cártel narco más peligroso de Colombia. 

Pero mientras el doctor Alcácer repartía su tiempo entre defender narcos y perseguir policías malos, una madre desesperada pedía por la aparición con vida de su hijo, Franco Casco, que había sido detenido por la policía rosarina el 6 de octubre de 2014 y desde entonces no se conocían señales de vida.

Un pibe de Buenos Aires, sin antecedentes penales y detenido por «averiguación de antecedentes» cuando estaba por abordar un micro con destino a su ciudad natal, fue molido a golpes dentro de la comisaría séptima de Rosario, asesinado y arrojado a las aguas del Río Paraná. En esas aguas fue encontrado 24 días más tarde.

A la semana siguiente de la macabra noticia, y con la firma del Gobernador Antonio Bonfatti y de su ministro de Seguridad Raúl Lamberto se decide contratar a otro funcionario polìtico en Asuntos Internos: el socio del doctor Alcácer, el abogado Lucas Peirone, mediante el decreto número 4304 del año 2014.

Si su colega y socio puede mostrar el pergamino de haber defendido a la pata local del cartel colombiano Norte del Valle, Peirone no se queda atrás. Es el abogado defensor de Esteban Lindor Alvarado, cabecilla de una de las organizaciones narco criminales más importantes de la región, integrada por funcionarios policiales, y responsable del secuestro y homicidio del prestamista de dinero y armas Lucio Maldonado quien apareció muerto en la ciudad de Rosario en noviembre de 2018 de tres tiros y con un cartel que decía “con la mafia no se jode”.

Pullaro banca

Miguel Lifschitz asume la gobernación a fines de 2015 y designaba en el cargo de Ministro de Seguridad a Maximiliano Pullaro. El joven radical llegaba al cargo tras cuatro años de diputación provincial en las cuales había mostrado algunas diferencias con su antecesor en el área de seguridad y se presentaba como una renovación que otorgaría algo de frescura a una de las áreas más deficitaria de los gobiernos de socialistas y radicales. Nadie podía suponer por entonces que terminaría implicado en una causa con escuchas telefónicas en la que quedaría expuesto haciendo trampas en un concurso de ascensos policiales. Pero esa, es otra historia. 

Pullaro arma su equipo. Y si bien el doctor José Alcácer ya había presentado su renuncia unos días antes del cambio de mando, el ministro renovó la confianza a su socio, el doctor Lucas Peirone, que continuó prestando sus servicios en Asuntos Internos.

La justicia federal investigaba el caso Casco. La información que se iba acumulando en el expediente comenzaba a despejar dudas sobre las circunstancias en la que el pibe Casco fue secuestrado y su cuerpo sin vida terminó apareciendo en las aguas del Paraná. Las evidencias del intento de encubrir los hechos tal como habían ocurrido se hacían evidentes. Habían pasado cuatro días de septiembre de 2017 y una noticia sacudía a la sociedad santafesina: La justicia federal detenía al titular de Asuntos Internos Anibal Candia y a cuatro oficiales mas de esa repartición acusados del encubrimiento del caso Casco.

De la denuncia presentada hace días por el actual Ministro de seguridad Marcelo Saín se desprende que en esos días se incrementó en 78,000 pesos mensuales el monto de los Fondos Reservados del organismo. Según consta en el escrito firmado por la Comisaria MARIA ESTER ROMEGGIO, Jefa de Administración y Finanzas de Asuntos Internos el aumento de partida «a partir del mes de octubre del año 2017 y hasta septiembre del año 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida de 78.000 pesos, era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco”.

La decisión de pagarle los honorarios al abogado de los policías acusados por encubrimiento fue política. Y tal como consta en el escrito presentado por la comisaria Romeggio, «esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”. Se trata de David Reniero, designado como Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad con las firmas de sus jefes polìticos el gobernador Miguel Lifschitz y el Ministro de seguridad Maximiliano Pullaro en el decreto N° 0037/15. La máxima autoridad en el organismo que controla a los policías malos, fue quien dio la orden para que el aumento de los fondos reservados se use para pagarle el abogado a sus empleados acusados por encubrimiento.

Juntos a la par

Con la causa por secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada de Franco Casco, los dos socios del estudio jurídico volvían a trabajar en un mismo caso. Pero esta vez enfrentados. O no tanto. Mientras el doctor Peirone cobraba su sueldo de la provincia para colaborar con la justicia investigando a los policías malos del caso Casco, su socio, el doctor Alcácer cobraba también de la provincia, pero para defenderlos. 

¿Dio buenos resultados la estrategia del juego de pinzas? Si, claro que si. El 5 de diciembre del 2019, a días que finalice la gestión del Frente Progresista al mando de la Casa Gris, se da por terminada la instrucción de la causa por desaparición forzada de Franco Casco, seguida de tortura y muerte, y fueron sobreseidos 3 de los 5 policías acusados por encubrimiento. Anibal Candia, Carlos Ríos y Sergio Pieroni zafaron. Y Pablo Siscaro y Carlos Escobar serán juzgados en juicio oral y público por encubrimiento. El trabajo de pinzas dio muy buenos resultados. 

Un dato más. Mientras el doctor Peirone continuaba siendo funcionario público, su socio Alcácer asumió la defensa penal de Luis Paz. No cualquier abogado tiene charreteras para hacerse cargo de la defensa de alguien investigado como capo narco. Y si a una dupla le sobran pergaminos, esos son los doctores Alcácer y Peirone. 

Los abogados de los narcos, encumbrados en funcionarios por las administraciones de Bonfatti y Lifschitz, solventados por fondos públicos supieron sacar provecho de las posiciones estratégicas de información privilegiada. Hoy siguen defendiendo a sus clientes. Falta saber si se representarán a si mismos, en el caso que así lo requiera la justicia en la causa que acaba de iniciar.