La jueza María Silvia Beduino, titular del juzgado Civil y Comercial N° 17 de Rosario, dispuso que una empresa de medicina cubra el costo del análisis para detección de covid-19.
Cabe destacar, que el hisopado es requerido en muchas entidades privadas a partir de la semana 38 para las mujeres que transitan un embarazo.
En esta ocasión, se trataba de la prepaga Plenit quien se negaba a pagar el test por no estar incluido en el Programa Médico Obligatorio.
El organismo a cargo de María Silvia Beduino aceptó la acción de amparo presentada, teniendo en cuenta «la protección de la salud de la madre y del niño por nacer, teniendo en cuenta el eventual perjuicio que podría significar rechazar el amparo, cuya consecuencia sería mucho más perjudicial para la demandante que su admisión para la demandada».
Por su parte, la empresa demandada alegó una cuestión de competencia territorial y entendió que debía intervenir la Justicia Federal y no la provincial. Si bien la jueza Beduino coincidió con esa postura, hizo prevalecer aspectos urgentes del caso “por estar implicados derechos a la salud y a la protección de la vida de la persona por nacer que requieren un inmediato tratamiento”.
En ese sentido, la magistrada rosarina se declaró incompetente para expedirse sobre la cuestión de fondo y ordenó que la causa sea remitida a la justicia Federal.
Una resolución, que lleva la firma del secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto, expresó que las personas asintomáticas no deben ser sometidas a la prueba de coronavirus como requisito para el parto u otras prácticas médicas.
La resolución ministerial fue difundida por las propias integrantes de los colectivos feministas. «Como venimos diciendo hace meses, cuando comenzaron a exigirles de modo extorsivo el hisopado a embarazadas que se atendían en algunas instituciones de salud privadas, no había razón médica ni de protocolo que justifique esa exigencia en personas sanas y sin síntomas o criterios sospechosos de infección por covid-19″.
Las organizaciones no demoraron en expresarse en redes, quienes manifestaron que «a todas las mujeres que tuvieron que pasar por este mal momento pero que se animaron a denunciar, a hacernos llegar sus experiencias y consultas y se comprometieron, también, para que esta situación no continúe perjudicando a otras después que ellas».
Desde el colectivo feminista sostienen que obligar a una mujer gestante, que no posee sintomas similares al covid, pagar un hisopado de más de $4.000, es considerado violencia obstétrica también.
«¡Nuestros derechos siguen vigentes!», fue el grito más replicado en la red virtual.
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