PARIR EN PANDEMIA

La historia de Luciana, es la de muchas otras mujeres que sufren a diario cómo las instituciones médicas crean sus propias reglas de atención.

La Ley 25.929 de 2004 y su reglamentación (decreto 2035/2015), que rige en el ámbito público y en el privado, garantiza el trato digno y respetuoso hacia las personas gestantes, sus hijos y parejas en el embarazo, el parto y el puerperio.

Las pautas sobre embarazo, parto y lactancia de la OMS para la pandemia indican que las mujeres deben tener contacto piel con piel con los recién nacidos, incluso si contrajeron Covid-19. La mayoría de los países latinoamericanos adoptaron protocolos
similares.

La violencia obstétrica en la pandemia se ve reflejada en tres aspectos: la cancelación de turnos y estudios, la restricción de acompañamiento y el aumento de inducciones y cesáreas.

Según cifras de 2019, Argentina tenía una tasa de cesáreas que llegaba al 60% en el sector privado y rondaba el 35% en el público. Esto coincide con el panorama regional ya que América Latina tiene el mayor porcentaje del mundo (40;5%), pese a que la OMS recomienda no exceder el 15 por ciento.

Hablar de Violencia Obstétrica no sólo implica reconocer diversas situaciones de humillación, violencia y degradación que puede sufrir una mujer al momento de realizar una consulta o asistir a un parto. Supone también reclamar derechos que son contemplados
tanto en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como así también, en la actual ley de Parto Respetado.