¿Habrá reformas en la justicia santafesina?

El gobernador Omar Perotti, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Roberto Falistocco, encabezaron este martes la apertura del Año Judicial y la firma del acta del programa Santa Fe + Justicia.

Con un acuerdo firmado por los tres poderes en el que se plasman lineamientos para mejorar el servicio de justicia, en el día de ayer representantes de los tres poderes:  la Corte, el Ejecutivo y la Legislatura, llegaron a un acuerdo para mejorar el acceso a la justicia.

«Santa Fe+Justicia” se trata de un “programa que tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la justicia e información ciudadana”, según reza el preámbulo de la declaración. Esta implementación prevé una implantación a mediano plazo.

En la oportunidad, el gobernador Perotti afirmó que “es imprescindible mejorar la prestación de justicia. Es evidente un reclamo de mayor intensidad, con el deseo de fallos justos y oportunos. Para eso es fundamental que pongamos al día muchas de las instancias normativas que la provincia carece”.

Uno de los principales cambios postulados pasa por la incorporación del Fuero Contencioso Administrativo para agilizar la resolución de demandas contra el Estado provincial, que hoy implican trámites que se extienden largo tiempo en los tribunales civiles.

Otro punto considerado primordial es el abordaje de la situación de los sistemas informáticos del Poder Judicial, de manera de vincular a todos los juzgados en el territorio provincial y brindar acercamiento y conexión a áreas sin posibilidad de aproximación a instancias de Justicia formal. Y finalmente darle mayor impulso de la Justicia comunitaria con la creación de entre 40 y 50 juzgados de pequeñas causas.

Otro renglón que impulsa el gobierno provincial es el diseño de una jurisdicción especializada plena en todo el ámbito estatal, “para lo cual deberá someterse a análisis la incorporación de la Justicia Contencioso Administrativa de primera instancia, cuya área resulta clave para debatir los intereses del Estado como sujeto justiciable”.

Está previsto que los tribunales de responsabilidad extracontractual cedan a este nuevo fuero de primera instancia las demandas por daños y perjuicio entabladas contra el Estado provincial, cualquiera sea su causa, y que estos tribunales colegiados queden a cargo de un solo magistrado para dirimir las demandas entre particulares.

Considerando también los desafíos procesales, se impulsará un código especificamente para consumidores. “Advertimos un creciente número de conflictos que se originan cuando el ciudadano participa en el mercado de consumo, donde el aspecto dominante de la vinculación lo tienen empresas proveedoras masivas de bienes, productos y servicios, obligando a repensar esta correlación de fuerzas a través de un Estado presente, que induzca a un ámbito ecuánime de diálogo y moderación, facilitando la solución pacífica de los conflictos originados en la relación de consumo”, indica la iniciativa.

También se promoverá un código electoral y otro que consolide los procesos constitucionales, que defina una normativa ordenada, actualizada y única en relación a la regulación de la organización de las elecciones provinciales y las características de la participación política de la ciudadanía, cuyas circunstancias habilitan dialogar sobre la necesidad de conformar en un solo cuerpo las normas que informan tales procesos”.

Asimismo, se incorpora a este temario el impulso de un Código Procesal Penal Juvenil, una Ley de Ejecución Penal y una Ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de género.

Estas iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Gobierno a cargo de Roberto Sukerman y de la Secretaría de Justicia que ocupa Gabriel Somaglia fueron expuestas en el acto de la Corte Suprema de la provincia, en el que Roberto Falistocco asumió la presidencia del cuerpo y en la que estuvieron el gobernador Omar Perotti y el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz.

Para el debate de este plan estratégico, el gobierno propone no solo convocar al Poder Legislativo, “sino también al mundo académico a través de la Facultades de Abogacía, a la Federación que nuclea a los Colegios de Abogados, al Colegio de Magistrados, al propio gremio judicial, al Colegio de Procuradores y a toda otra entidad, que puedan colaborar, emitir informes y dictámenes sobre los proyectos que contribuyan en el desarrollo del programa”.

Fuente: Noticias Gobierno de Santa Fe