El presidente anunció el pasado viernes, un Decreto de Necesidad de Urgencia respecto a las telecomunicaciones, a través del cual se congeló las tarifas de telefonía celular, internet y televisión paga.
Los mismos fueron declarados «servicios públicos» y por lo tanto el Estado puede regular los precios al consumidor. Además, el mandatario habló de una recuperación de la economía. El DNU tendría vigencia al menos hasta el 31 de diciembre.
«Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, expresó el presidente en su red social Twitter.
En cuanto a la medida de mantener bajo control las tarifas, explicó: «Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en esos precios».
«De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado«, señaló Fernandez.
El presidente continuó: «La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen«.
Por otra parte, el director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Gonzalo Quilodrán aseveró que la medida tomada por el gobierno nacional busca «reducir la brecha digital». Agregó que en el país dos millones de hogares no tienen conectividad por falta de cobertura. «La verdadera grieta está entre los que pueden y no pueden estudiar por el acceso a internet», aseveró.
En diálogo con una emisora de la provincia,Quilodrán expresó que «en Argentina hay aproximadamente 14 millones de hogares, de los cuales cinco millones no tienen conectividad. Dos millones es porque no tienen cobertura. Ni el sector público ni el privado llegó a esos lugares. En los otros tres millones el servicio llega, pero no pueden acceder por situaciones socioeconómicas».
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